Las redes sociales y las herramientas de inteligencia artificial cambiaron la forma de comunicarse, pero también modificaron el alcance de las agresiones. Una publicación, una imagen manipulada o una acusación que antes podía quedar limitada a un ámbito reducido hoy puede circular en cuestión de segundos, multiplicarse y permanecer durante años en internet.
Ese fue uno de los ejes de una jornada organizada por el Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, que reunió a profesionales para analizar violencia digital, inteligencia artificial y los nuevos desafíos éticos y jurídicos que enfrenta el ejercicio de la abogacía.
La capacitación estuvo a cargo de Florencia Zerdá, abogada especializada en la temática, quien repasó cómo evolucionaron estas conductas y qué herramientas legales existen o comienzan a discutirse frente a situaciones que muchas veces avanzan más rápido que la propia normativa.
Cuando una agresión se multiplica en segundos
Uno de los puntos centrales fue el impacto que tienen las plataformas digitales sobre situaciones de violencia, estigmatización y hostigamiento.
El problema no está únicamente en el contenido original, sino también en su capacidad de difusión. Una publicación puede ser replicada, descargada, modificada y compartida por cientos o miles de usuarios, lo que dificulta detener completamente sus efectos aun cuando luego sea eliminada.
Durante la jornada también se analizó cómo la inteligencia artificial incorpora una nueva capa de complejidad, al facilitar la creación o manipulación de imágenes, audios y otros contenidos.
El abordaje puso especial atención en los riesgos que estas herramientas pueden representar para mujeres, niños, niñas y adolescentes, grupos particularmente expuestos a determinadas formas de violencia digital.
El desafío de no naturalizar lo que ocurre en las redes
Otro de los ejes fue la tendencia a considerar algunas agresiones virtuales como parte habitual de la dinámica de internet.
Los especialistas plantearon que la reiteración de insultos, hostigamientos, descalificaciones o exposiciones públicas no elimina sus posibles consecuencias jurídicas ni el daño que pueden provocar sobre las personas involucradas.
En ese contexto, la discusión no quedó limitada a qué hacer una vez producido el daño.
También se puso sobre la mesa la necesidad de mejorar los mecanismos de detección temprana, prevención y actuación profesional, especialmente en escenarios donde la velocidad de difusión puede transformar rápidamente un conflicto.
La jornada fue impulsada conjuntamente por el Instituto de Derecho Digital y el Instituto de Género del Colegio de la Abogacía.
