En 2018, un funcionario municipal chileno simuló estar atravesando un cuadro de salud mental para ausentarse del trabajo. Mientras cobraba su salario, vacacionaba junto a su pareja en el sur de Chile y también en Bariloche. El engaño, sin embargo, no pasó desapercibido: terminó perdiendo su empleo y, años después, enfrentó un fallo judicial inédito en su país.
El implicado era director de Obras Municipales en la comuna de Maipú, en las afueras de Santiago de Chile. Presentó una licencia médica por un presunto “trasto o adaptativoâ€, una dolencia psíquica asociada al estrés, pero se descubrió que durante ese período había viajado con fines recreativos. Fue su propio rastro digital —correos institucionales, alquiler de un auto en Argentina y transacciones bancarias— lo que permitió reconstruir su itinerario y comprobar el engaño.
En 2022, el municipio —bajo la gestión del alcalde Tomás Vodanovic— presentó una querella penal por fraude y uso indebido de licencia médica. Tres años después, en mayo de 2025, el 5° Tribunal de Juicio Oral de Santiago lo condenó por uso de documentación falsa y cobro indebido de haberes. La pena fue de 120 días de prisión, una multa superior a los 2,7 millones de pesos chilenos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La cárcel fue evitada debido a la falta de antecedentes penales, lo que permitió sustituir la pena por un año de libertad vigilada.
El rol de la médica
Durante el juicio también quedó en evidencia la responsabilidad de la médica que firmó el certificado. Según consta en el fallo, la profesional admitió no tener formación en salud mental, no conocer el diagnóstico de trasto o adaptativo ni el tratamiento correspondiente. “El tribunal se sorprendió por la evidente ignorancia de la profesional en el área en que basó su diagnósticoâ€, se señala en el texto judicial.
La sentencia no solo marcó un precedente en Chile —es la primera de este tipo contra un trabajador estatal por licencia médica falsa—, sino que además resuena al otro lado de la cordillera. En Río Negro, la Justicia investiga una red de licencias irregulares que involucra a más de 100 empleados públicos y al menos dos médicos. Según informó el portal La Mañana de Cipolletti, entre los agentes denunciados hay policías, penitenciarios y personal de distintas áreas del Estado provincial.
La causa incluye posibles vínculos familiares entre los trabajadores y los profesionales que emitieron los certificados, y no se descarta que haya existido una organización para la comercialización de licencias. Uno de los acusados es un agente penitenciario cuya pareja, médica, firmaba los certificados ahora cuestionados.
Tanto en Chile como en Río Negro, los casos reflejan un cambio de enfoque en los organismos de control del empleo público, que ahora apuntan a endurecer los mecanismos para evitar el uso indebido de licencias médicas. También se abre el debate sobre la responsabilidad ética de los médicos que las emiten sin sustento clínico.
Lo que hasta hace poco era considerado una “picardía administrativaâ€, hoy se enfrenta a sanciones penales. Y la Justicia comienza a actuar en consecuencia.
