El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura un proyecto para crear el Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSEC), un organismo que concentrará competencias que hoy están distribuidas entre el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
La propuesta incluye inicialmente los servicios de electricidad, agua potable y desagües cloacales y apunta a unificar criterios de control, procedimientos administrativos y capacidades técnicas.
El proyecto no modifica, en principio, los marcos regulatorios vigentes de cada servicio ni los contratos actualmente en ejecución. El cambio estará en quién y cómo ejerce el control.
El ERSEC tendrá facultades para intervenir en reclamos de usuarios, revisar problemas de facturación, controlar tarifas, establecer estándares de calidad, fiscalizar planes de inversión y aplicar sanciones a los prestadores.
También deberá promover mecanismos de participación ciudadana, como consultas y audiencias públicas, además de garantizar acceso a la información.
Actualmente, la regulación eléctrica recae en el EPRE, mientras que distintas competencias vinculadas con agua y saneamiento están bajo la órbita del DPA. El proyecto propone concentrar esas funciones regulatorias en una sola estructura.
La idea oficial es reducir superposiciones, ordenar procedimientos y disponer de equipos técnicos, administrativos y jurídicos comunes para distintos servicios.
Otro punto relevante es que el ERSEC no quedaría limitado necesariamente a electricidad, agua y cloacas. La estructura fue pensada para que pueda incorporar en el futuro otros servicios o actividades reguladas sin necesidad de crear nuevos organismos independientes. Ese diseño le da al proyecto un alcance más amplio que una simple reorganización administrativa.
Si la Legislatura lo aprueba, Río Negro pasará a contar con un ente multisectorial con capacidad para intervenir sobre diferentes áreas de servicios públicos y concesiones.
Uno de los ejes centrales será la concentración de los canales de reclamo y fiscalización. El nuevo organismo podrá recibir planteos por deficiencias del servicio, problemas de facturación o incumplimientos de los prestadores y tendrá herramientas para exigir correcciones o aplicar sanciones.
También deberá controlar que se cumplan los planes de inversión y los estándares de calidad definidos para cada servicio.
Por ahora, el proyecto deberá atravesar el debate legislativo antes de que pueda ponerse en funcionamiento.
