El decreto 675/2024 del Gobie o Nacional decidió la prosecución de la intervención del ENACOM, a cargo de Martín Ozores. La finalidad de esta intervención es analizar como limitar la influencia del ENACOM en el mercado de las telecomunicaciones.
La realidad es que, pequeñas poblaciones del interior no son alcanzadas por los servicios de las grandes empresas de telefonía e inte et como Personal-Flow, Movistar o Claro y, por otra parte, los prestadores de cable, radio o televisión abierta, que, en su mayoría, son cooperativas o pequeños prestadores independientes que se ven obligados a depender en sus contenidos de asociaciones de cooperativas o medios de cabecera de Buenos Aíres, Rosario o Córdoba.
Existían herramientas como el FFSU (Fondo Fiduciario del Servicio Universal) y el FOMECA (Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) que hoy están en duda en cuanto a su futura existencia.
En el caso de Inte et, en el que progresivamente están migrando servicios anteriormente satelitales de TV hacia las redes de fibra óptica, los tráficos de streaming están ocupando importantes porciones de ancho de banda, antes disponibles para trafico de datos ajenos al entretenimiento, en detrimento de la disponibilidad de ancho de banda para los servicios de datos de los proveedores locales de Inte et.
Los pequeños proveedores de localidades remotas están enfrentando dificultades para disponer de suficiente ancho de banda para sus abonados, pese a la presencia de Arsat que tiene una buena cobertura nacional, pero que quizás también esté cerca de sus límites.
Quizás la falta de organización gremial empresaria de los pequeños prestadores sea un factor negativo para lograr un diálogo con el ENACOM, dado que los grandes operadores cuentan con estudios jurídicos de primer nivel para lograr, vía amparos, lo que no pueden lograr por lobby.
En cualquier caso, la concentración de la demanda es algo que le juega en contra a las pequeñas localidades, dado que las principales redes de fibra son propiedad de los tres grandes jugadores, que planifican servicio en función de potencial de demanda, sumado a que pueden disponer un subsidio oculto: La tarifa discrecional que pueden cobrar a pequeños prestadores.
La ausencia de servicios hacia lugares remotos o localidades de escasa población es una deuda cubierta por mini empresarios audaces, quienes llenan este agujero, notoriamente injusto, que sufre parte de la población argentina, asumiendo un riesgo financiero descomunal, pero también gozando de beneficios acorde al riesgo.
Las cooperativas de comunicaciones en lo único que se diferencian de las grandes operadoras es en la escala: Sirven con su servicio a las áreas de mejor densidad dentro de su zona de servicio, pero a su favor cuentan con una mejor organización gremial empresaria, representada en CATEL.
Radios y televisoras
También hay un stand by en este aspecto. Mientras micro empresarios arriesgan su escaso capital en propuestas radiales o de producción de TV, basadas ambas en el ingreso publicitario, las televisoras “alte ativas†y las “radios comunitarias†ven como los subsidios y las exenciones impositivas parecen llegar a su fin y hacen su lobby a través de FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias) y de CONTA (Coordinadora Nacional de Televisoras Alte ativas).
Aquí se presenta un problema de difícil solución. En cualquier ciudad que supere los 150.000 habitantes es imposible sintonizar cualquier radio libre de interferencias de otras en toda su zona de servicio. Esto se debe a que son muy pocas las emisoras que dan cumplimiento a las normas técnicas y la saturación de frecuencias disponibles hace inevitable un “spillover†entre ellas, sin contar con que algunas, directamente generan espurias y armónicas que “caen†directamente en frecuencias ocupadas por otras radioemisoras.
Generalmente, quienes quieren realizar un trabajo comercial serio en su radioestación, atienden con cuidado el no exceder sus niveles de modulación por fuera de las normas y contratan profesionales técnicos para mantenerse en norma.
No es el caso de la mayoría de las llamadas “comunitarias†que, aduciendo su “función social†y la consecuente falta de recursos, invaden el espectro sin ningún tipo de control o sanción por parte del ENACOM. Lejos de cumplir una función social, suelen ser un brazo comunicacional de agrupaciones políticas o meros medios de subsistencia familiar, sin mencionar la polución de emisoras autodenominadas “religiosasâ€, que obtienen sustanciales beneficios impositivos en su operación y son simples radios comerciales en competencia desleal frente a las que no operan contando con estos beneficios.
El espectro es algo finito y su apropiación por parte de gente escasamente capacitada para utilizarlo, tanto desde lo técnico, como desde lo social y cultural, representa una afrenta a los derechos de personas debidamente capacitadas para llevar a cabo esta actividad, sin contar el daño que los aportes en publicidad que realizan los gobie os locales a estos medios, quitan recursos a quienes operan cumpliendo estrictamente todas las reglas. Técnicas, periodísticas, sociales y culturales.
Más grave aún es el caso de las productoras de contenidos de TV y los canales comunitarios.
El apagón analógico vigente, puso en evidencia la escasa capacidad económica para emprender este tipo de actividades sin apoyo gube amental, dados los costos que conlleva producir en digital y emitir en ISDB-t.
Aún en las anteriores experiencias analógicas, el estado puso a disposición de algunos de estos medios equipamiento suficiente como para lograr una emisión correcta, pero jamás brindó apoyo técnico para implementarlas. Hoy, ya obsoleto, se puede ver costoso equipamiento arrumbado que no ha sido utilizado nunca por falta de los mínimos conocimientos para poder emplearlo.
La posibilidad de coordinar parte de la programación con medios nacionales o de capitales provinciales, choca con la rentabilidad que le significa a los medios nacionales reservar derechos a los cableoperadores, o con derechos cruzados con las estaciones de capitales provinciales que tienen parte de su programación abastecida desde cabeceras de Buenos Aires, lo que significa que deben abastecerse de su propia producción y de programación de bajo costo de derechos, habitualmente obsoleta.
Inclusive, en el interior, la TV comercial “no comunitariaâ€, o no soportada por el erario público, vive al borde del quebranto debido a la dispersión de apoyo publicitario que significa que haya 75 u 80 estaciones de FM en la misma zona.
La TDA ha venido a democratizar algo el acceso a la información, pero su alcance se limita a centros urbanos. La utilización del ARSAT 1 y el kit de recepción satelital también, pero con un marcado sesgo político en sus contenidos.
No se vislumbra una solución equitativa para la democratización del acceso a Inte et, radio y TV en un país que tiene provincias con menos de un habitante por kilómetro cuadrado.
Es posible que la tecnología haga su aporte a la solución, pero mientras tanto serán, como siempre lo fueron, los audaces pioneros que irán llenando los agujeros vacíos con sus ideas y, seguramente, serán fagocitados por alguno de los grandes operadores cuando su escala alcance un nivel “interesanteâ€.
Por esto, es esencial que el ENACOM arbitre la formidable diferencia de potencial de mercado y capacidad económica que tienen los megaoperadores contra los “poetas†que van pintando de realidad lo que parecía una utopía, que ponga en igualdad de condiciones impositivas a las cooperativas con los emprendedores comerciales y que fundamentalmente, no salga un solo peso del erario público para financiar emprendimientos de este tipo, salvo aquellos realmente esenciales en donde el estado debería intervenir directamente, pero bajo la figura de servicio público bajo gestión privada. No sea cosa que se termine creando otro monstruo estatal en estas áreas.
Germán Berizzo
