Mientras el municipio prepara el terreno en el que instalará su planta dosificadora de hormigón, a tan solo algunos metros del basural, en el Tribunal de Contralor avanzan con la recolección de datos a partir de entrevistas y pedido de documentación que pueda esclarecer si existió una triangulación con una “empresa fantasma†y si efectivamente se pagó un sobreprecio por el equipo.
Las dudas comenzaron tras la publicación de la resolución que autorizó la operatoria comercial, el pasado 30 de agosto. Por aquel entonces se pudo conocer que la firma F&J SAS, la única empresa que presentó un presupuesto con el equipo requerido –por el mismo monto ofrecido desde Bariloche-, acercaría una planta Indumovil 80, con flete incluido, a cambio de 192 millones de pesos.
Hasta aquí todo parecía seguir un procedimiento de compra directa enmarcado en la emergencia económica que se encontraba el municipio. Sin embargo, desde el Concejo Municipal surgieron algunos cuestionamientos. El primero fue que F&J no figuraba entre las tres empresas que fueron contactadas para que envíen un presupuesto, sino que lo hizo a través de una concesionaria de autos con sede en Neuquén, y que no se siguió el reglamento que exige tres cotizaciones. También levantó sospechas que la beneficiaria decidiera inscribirse en AFIP -como proveedora de ese tipo de maquinaria- inmediatamente después de que el Municipio anunciara su búsqueda.
Made in Córdoba
Indumix es una de las plantas proveedoras de hormigón más importantes de la Argentina. Con presencia en el mercado desde mediados de los ’90, en los últimos años expandió sus operaciones hacia los países limítrofes prestando servicios de reparación y mantenimiento para tambores y plantas dosificadoras y elaboradoras de hormigón. Es la misma que, entre otros modelos, ofrece la Indumovil 80.
Radio Con Vos Patagonia tomó contacto con la empresa a través de su coordinador de ventas, Juan Castro, quien luego de aclarar que la firma no ofrece detalles de operaciones privadas, respondió algunas consultas. Fue así como se pudo conocer que el Municipio de Bariloche, en ninguna instancia, tomó contacto directo con la fábrica para la provisión de la planta de hormigón. Tampoco se reconoció como proveedora zonal a la firma F&J SAS.
El vocero dijo que la operatoria habitual de la compañía consiste en fabricar los equipos y vender de manera directa a sus clientes. El servicio incluye el traslado, el envío de sus técnicos para la instalación y puesta en marcha, facilitando así que se acceda a una garantía oficial de 180 días. Cuestión que abre nuevas interrogantes respecto a los encargados del armado en Bariloche, así como del respaldo ante cualquier inconveniente.
El Contralor
A mediados de septiembre el Tribunal de Contralor recibió una denuncia firmada por el concejal Leandro Costa Brutten (IB). Desde entonces decidió autorizar una investigación a través de un instructor sumariante, el abogado Matías Heppner, quien deberá recolectar información y elevar un informe para que luego las tres autoridades electas definan los pasos a seguir.
A partir de ese análisis jurídico contable, y en caso de encontrar alguna irregularidad, el Tribunal, compuesto por los vocales Estanislao Cazaux (Pro), Esteban Romero (PUL) y Damián Vila (JSRN), podrá ordenar un juicio de responsabilidad sobre aquellos funcionarios que no hubieran respetado la normativa o que causaran un perjuicio al tesoro público. El caso, si lo amerita, podría llegar hasta la justicia ordinaria.
A todo esto, y a más de un mes de realizada la compra, la maquinaria todavía no llegó a la ciudad. Apenas se pudo observar una tolva para hormigón que alguien, gentilmente, depositó en la Delegación El Cóndor, aunque todavía le resta otro trecho para llegar al vertedero municipal donde ya debe haber fraguado la base en la que se deberá apoyar la planta que permitirá pavimentar las principales calles de la ciudad.
