El 10 de diciembre de 2021, una salida recreativa de fin de ciclo organizada por la Escuela 273 terminó en tragedia cuando Celeste Silva, de 12 años, murió ahogada en el lago Gutiérrez. Cuatro años después, la historia volvió a cobrar una dimensión íntima y dolorosa a partir del testimonio de Roberto Namor, esposo de la docente Gabriela Millamán, una de las condenadas por homicidio culposo e inhabilitada para ejercer actividades educativas al aire libre, quien falleció tras atravesar un cuadro depresivo que, según su familia, se agravó a partir del proceso judicial.
En una entrevista brindada al ciclo “Nada Personal”, de Voz Radio, Namor describió el impacto que tuvo la causa judicial en la vida familiar. “A nosotros nos cambió toda la vida desde aquel día. Éramos cuatro y quedamos tres. Se nos vino todo abajo de la noche a la mañana”, sostuvo, al recordar las consecuencias que siguieron al fallecimiento de la alumna.
La salida al complejo Los Baqueanos, a unos 21 kilómetros de Bariloche, había sido organizada como parte de un proyecto institucional. Según la acusación fiscal, los docentes a cargo permitieron que los alumnos realizaran actividades en aguas abiertas que no estaban contempladas en el plan original, sin ejercer la supervisión adecuada.
“Había días en los que no teníamos ni dinero para trasladarla a una consulta de salud mental”
Durante la jornada, un grupo de estudiantes jugaba al vóley cuando la pelota cayó en una zona profunda del lago. Tres alumnas ingresaron al agua para recuperarla y no hicieron pie. Una logró salir por sus propios medios y otra fue rescatada por un docente. Sin embargo, no advirtieron que Celeste había quedado sumergida. Su ausencia fue detectada recién cuando el grupo se preparaba para regresar a Bariloche. La niña fue hallada a unos dos metros de profundidad.
De los cinco docentes que acompañaban a los 89 alumnos de sexto y séptimo grado, tres llegaron a juicio oral. En noviembre de 2022, la fiscal jefa Betiana Cendón solicitó el sobreseimiento del docente Alejandro Gastón Marelli, decisión que fue convalidada por el juez de garantías Ricardo Calcagno. Finalmente, el 18 de abril de 2024, el juez Marcos Burgos condenó a Patricia Griselda Cantero y a Gabriela Millamán a dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación especial por cinco años para actividades educativas al aire libre con menores.
“Perdió su trabajo, su obra social y también la posibilidad de volver a dar clases”
Namor afirmó que, tras la sentencia, su esposa fue excluida del sistema educativo por decisión del Consejo Provincial de Educación. Según relató, esa medida le impidió desempeñarse tanto en instituciones públicas como privadas, lo que derivó en la pérdida de ingresos y cobertura médica. “Estudió y trabajó 23 años. Era una persona activa toda la vida. Y de repente quedó fuera de todo”, señaló.
En ese contexto, la familia enfrentó dificultades económicas que los obligaron a buscar nuevas formas de subsistencia. “Terminó vendiendo ensalada de frutas, canelones y empanadas sobre la ruta 40 para poder pagar las cuentas. No es ninguna deshonra, pero fue muy duro”, explicó.
El testimonio también incluyó cuestionamientos hacia el accionar judicial y el acompañamiento institucional durante el proceso. Namor sostuvo que su esposa sufrió “maltratos y humillaciones” durante el juicio y señaló un presunto abandono por parte del gremio docente UNTER. En paralelo, describió el impacto que tuvieron las críticas en redes sociales y los comentarios públicos en medios de comunicación. “Mi señora fue en vida a pedir que dejaran de publicar cosas. Le dijeron que hiciera un escrito. Ni yo puedo escribir mi nombre cuando tengo que firmar”, expresó.
La docente se encontraba en instancia de apelación al momento de su fallecimiento. Según su esposo, la expectativa de afrontar una eventual condena civil, que implicaba una suma económica que consideraban imposible de afrontar, profundizó su deterioro emocional.
“La docencia era el amor de su vida y ella se fue sintiéndose docente”
Namor recordó que, tras perder la obra social, debieron recurrir al Hospital Zonal para acceder a atención en salud mental. “Había diez casos más esperando. A veces no teníamos ni plata para un Uber para llevarla”, dijo.
Hoy, el caso continúa en trámite para otras docentes involucradas. “Ojalá no haya otra Gabriela más”, concluyó.
