El SOYEM pidió formalmente el apartamiento de Jaime Enrique Breca Aros de cualquier función que implique autoridad, conducción, supervisión o contacto jerárquico con trabajadores municipales, luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dejara firme su responsabilidad por hechos de violencia laboral ocurridos en la Delegación El Cóndor.
La presentación fue dirigida al Concejo Municipal y al Tribunal de Contralor, y busca que el Municipio adopte una medida concreta más allá de las obligaciones que ya quedaron vigentes por decisión judicial.
El reclamo sindical se conoce después del fallo del STJ, que rechazó en su totalidad el recurso presentado por Breca Aros y mantuvo la conclusión central de la sentencia dictada en 2025 por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche: que el funcionario incurrió en conductas de maltrato laboral e institucional contra cuatro trabajadores municipales.
La causa fue iniciada por Viviana Gallardo, Ricardo Muena, Luis Antonio Villarroel y Agustín Nicolás Rodríguez. La Cámara laboral había considerado probado un trato “innecesariamente hostil, autoritario y desconsiderado”, además de amenazas y un manejo arbitrario de permisos, licencias y horas extras. También tuvo en cuenta restricciones en el acceso de trabajadores a dependencias de la Delegación El Cóndor y la falta de respuestas adecuadas por parte del Municipio.
Ese núcleo de la sentencia no fue modificado. El STJ rechazó los argumentos de Breca Aros que intentaban presentar lo ocurrido como simples decisiones de organización laboral y sostuvo que el empleador no puede ampararse genéricamente en sus facultades de dirección para justificar conductas humillantes o descalificadoras.
También ratificó la responsabilidad solidaria de la Municipalidad de Bariloche por no haber prevenido ni corregido adecuadamente la situación denunciada.
El sindicato ahora reclama que deje cualquier función jerárquica
Con ese fallo como antecedente inmediato, el SOYEM decidió avanzar con un planteo político e institucional. El gremio pidió que Breca Aros sea apartado “de cualquier función que implique autoridad, conducción, supervisión o contacto jerárquico con trabajadores municipales”.
El sindicato argumentó que la medida busca evitar que se repitan situaciones similares y reclamó a las autoridades municipales acciones concretas de prevención. “Ante la reiteración de estos antecedentes en la administración pública, sostenemos firmemente que no podemos naturalizar ni tolerar la violencia laboral”, señalaron desde el sindicato.
La Justicia mantuvo otras medidas de protección, entre ellas que las comunicaciones entre Breca Aros y los trabajadores denunciantes deban canalizarse a través de un superior intermedio. También quedaron vigentes obligaciones de capacitación en prevención de violencia laboral y de género y la formalización de disculpas y compromisos asumidos por el funcionario.
La resolución del Superior Tribunal no confirmó íntegramente la sentencia original. Por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de la Municipalidad y eliminó dos disposiciones que habían sido impuestas por la Cámara.
Una obligaba a establecer un procedimiento específico para autorizar salidas y licencias, con intervención de distintos responsables y fundamentación escrita en caso de rechazo. La otra imponía que las horas extras fueran distribuidas de manera equitativa por área, turno y sector. Para la mayoría del STJ, esas medidas excedían el objetivo de proteger a los trabajadores y avanzaban sobre facultades propias de la administración municipal.
Dos juezas del Tribunal, Liliana Piccinini y María Cecilia Criado, votaron en disidencia y consideraron que ambas medidas debían mantenerse porque el manejo de licencias y horas extras había formado parte de las prácticas de hostigamiento acreditadas.
El próximo movimiento queda en manos del Municipio
Desde el gremio insistieron en que el objetivo es garantizar “un ámbito laboral digno, libre de violencia y con respeto” y remarcaron que corresponde al Municipio prevenir situaciones de maltrato y resguardar a sus trabajadores.
Hasta el momento, la sentencia judicial confirma la existencia de violencia laboral y la responsabilidad de Breca Aros, pero no dispone su apartamiento del cargo. Esa es precisamente la medida que ahora reclama el SOYEM al Concejo Municipal, al Tribunal de Contralor y, políticamente, a la administración de Walter Cortés.
El delegado municipal
Breca Aros fue acusado por cuatro trabajadores de la Delegación El Cóndor de haber instalado, desde su llegada en 2024, un clima de hostigamiento, amenazas y maltrato laboral. Los denunciantes relataron amenazas de despido y represalias, restricciones para ingresar a oficinas y hasta al baño, descuentos salariales vinculados con la participación en asambleas sindicales, negativas de horas extras y licencias, persecuciones, fotografías y un trato que describieron como “deshumano y denigrante”. En uno de los casos, un trabajador aseguró haber sido amenazado con frases como “si quería hacerlo cagar buscaba otra manera y listo”, mientras otro denunció que se le negó una licencia por una situación familiar grave con el argumento de que “primero estaba el trabajo y no su familia”.
La denuncia también incluyó el caso de una trabajadora contratada que, según el fallo, fue hostigada por solidarizarse con sus compañeros y advertida de que podía perder su puesto. Poco después, su contrato fue rescindido y terminó con licencia psiquiátrica por un cuadro de estrés agudo.
