Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro puso bajo la lupa el accionar del intendente de Cholila, Silvio Boudargham, y de efectivos de la Policía de Chubut, a partir de los hechos ocurridos durante una campaña solidaria organizada desde Bariloche con destino a la zona de Villa Lago Rivadavia.
La denuncia -registrada bajo el legajo MPF-BA-00368-2026- fue radicada este lunes (2/2) en Bariloche y tiene como objeto un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de otras conductas que, según la presentación, podrían configurar graves irregularidades institucionales.
En el documento, la denunciante, identificada como Bárbara Peralta, relató que el 1 de febrero el grupo de voluntarios se dirigió a Cholila para entregar donaciones recolectadas en Bariloche. Al arribar a Villa Lago Rivadavia, solicitaron autorización a una vecina para dejar un tótem de agua y estacionar el camión que transportaba las donaciones. Minutos después, se hicieron presentes tres móviles policiales.
Según consta en el acta, los efectivos policiales informaron que el intendente había ordenado la detención de la organizadora de la colecta. La denunciante manifestó no comprender el motivo de la medida y señaló que era la única mujer del grupo, integrado por diez choferes de camionetas y un camión.
De acuerdo al testimonio incorporado a la denuncia, los policías argumentaron que estaban “comercializando” en un camión que pertenecía al municipio de Cholila, por lo cual no podía continuar circulando por orden directa del intendente. La denunciante negó esa versión y aseguró que el vehículo era de un particular de Bariloche y no tenía ningún vínculo con el municipio chubutense.
El acta da cuenta de que los voluntarios permanecieron retenidos entre las 9 y las 12 del mediodía, bajo el sol, con la promesa de que el intendente se presentaría en el lugar, algo que —según la denuncia— nunca ocurrió. Ante esa situación, la denunciante solicitó permiso a la policía para ir a comprar alimentos y fue entonces cuando realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales, mostrando que el grupo se encontraba retenido.
En la denuncia también se menciona la intervención de un comunicador local, identificado como Darío Fernández, quien habría difundido públicamente que el camión estaba pagado por el municipio de Cholila y que los voluntarios estaban realizando una actividad comercial. Según la presentación, se difundieron datos personales del grupo y del vehículo, lo que agravó la situación.
Posteriormente, dos móviles policiales se retiraron del lugar y uno escoltó al convoy hasta Cholila. Allí, siempre según el relato incorporado al expediente, se permitió estacionar los vehículos en una calle y luego se trasladó a seis choferes a la comisaría, donde permanecieron retenidos durante aproximadamente dos horas, hasta que fueron liberados tras la intervención de un abogado.
En el tramo final del acta, Bárbara sostuvo que cuentan con testigos locales que colaboraron con alimentos, así como con registros fílmicos que mostrarían donaciones retenidas por el municipio. Incluso afirmó que parte de esas donaciones estarían siendo comercializadas, extremo que quedó incorporado como parte de la denuncia.
La presentación ante la Fiscalía concluye solicitando que se investigue el accionar del intendente de Cholila y del personal policial interviniente, al considerar que los hechos relatados configuran una privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y un uso arbitrario del poder estatal contra una acción solidaria.
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