El concejal Leandro Costa Brutten volvió a encender las alarmas por presuntas irregularidades en las contrataciones del municipio. Esta vez, apuntó contra la reciente recontratación de la firma F&J SAS —ya cuestionada e investigada por su rol en la compra irregular de una planta dosificadora de hormigón— para la adquisición de vehículos oficiales.
La adjudicación, que superó los $206,9 millones, reavivó las sospechas sobre la falta de controles y la reiteración de mecanismos que, según el edil, “violan la legalidad, carecen de sustento técnico y se repiten por la impunidad generada desde el propio Tribunal de Contralorâ€.
Un modus operandi
En diálogo con Radio Con Vos Patagonia, Costa Brutten calificó la operación como parte de un “modus operandi para direccionar las compras del municipioâ€. Según explicó, esta mecánica es posible gracias a la “inactividad del Tribunal de Contralor†y a “una clara intención de ocultar las responsabilidadesâ€.
El edil recordó que toda la documentación que acredita la “grave triangulación†con Del Rey Automotores y F&J SAS fue presentada oportunamente, incluso la modificación del objeto social de la empresa para poder intervenir en la venta de maquinaria. “Hubo un acta de recepción de la planta antes de que llegara a Bariloche. El único fin era liberar el dinero destinado a esa empresa fantasmaâ€, aseguró.
Costa Brutten también cuestionó al Tribunal de Contralor por su pasividad: “Ya no opera como la Carta Orgánica lo manda, sino como un tribunal de control de dañosâ€. Según el concejal, esa falta de determinación impide que el caso avance en la Justicia: “El fiscal nos pide ir primero al Contralor, pero Contralor y Ejecutivo están juntos. Se sientan en la misma mesa para protegerse entre ellosâ€.
Compras sin sustento técnico
El edil también apuntó contra el intendente Walter Cortés, a quien acusó de manejar las adquisiciones municipales “por voluntad personal, sin planificación ni criterio técnicoâ€.
“Para pedir maquinaria debe haber una orden de servicio y una evaluación técnica, pero acá nada de eso existe. Son caprichos e indicaciones del intendenteâ€, denunció. Y agregó: “No hay planificación, son ocurrencias. Es un procedimiento totalmente direccionado, ilegal y con sobrepreciosâ€.
Costa Brutten sostuvo que este esquema “replica el accionar que Cortés tenía cuando era secretario general del sindicatoâ€, trasladando ahora ese mismo método “al municipio, con fondos de los barilochensesâ€.
El contrato, inicialmente previsto en $190 millones, fue finalmente adjudicado por $206,9 millones. Según el concejal, para concretar la operación el Ejecutivo “recurre a la reasignación de partidas presupuestarias, destruyendo todo el procedimiento administrativoâ€.
“Utilizan dinero destinado a otras áreas para cubrir los compromisos que genera el intendente. Eso atenta contra la legalidad y termina dejando sin recursos a programas que sí estaban planificadosâ€, advirtió.
Costa Brutten no solo denunció la inacción del organismo, sino también el costo político y económico que implica su funcionamiento. “Cobran sueldos altísimos y no producen resultados. Su inactividad perpetúa la impunidadâ€, señaló.
El concejal insistió en que la falta de controles habilita prácticas que “corrompen la gestión públicaâ€, incluyendo “la entrega de subsidios municipales sin marco legal ni programa que los reguleâ€.
