Un pedido de la empresa a cargo del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), el intendente Walter Cortés decidió convocar a audiencia pública para revisar un nuevo ajuste en el costo del boleto. Con este paso el jefe comunal vuelve al proceso anterior a una resolución que autorizaba aumentos automáticos cada dos meses. Sin embargo la aparición de un amparo colectivo frenó aquel programa y estableció devolver la participación vecinal –aunque no vinculante- en la toma de decisiones.
El vie es se publicó la resolución 1856/24 con la que se hizo efectiva la convocatoria. Allí se explica que la empresa Amancay / Mi Bus hizo un pedido de revisión del cuadro tarifario ya que se suspendió el aumento previsto para septiembre y que llevaba el boleto mínimo a $1.487,32. Ahora, y según las declaraciones del abogado de la transportista al diario Río Negro, el ajuste será del 26,5%, por lo que el boleto podría costar $1.612,73 aunque los docentes adheridos al descuento pasarían a pagar $1.290.
La resolución en cuestión define que la audiencia pública tendrá lugar el próximo 10 de octubre, a las 18h, en la Sala de Prensa del Municipio. Los interesados en ser oradores podrán inscribirse a través del sitio web oficial (www.bariloche.gov.ar) o en las oficinas de la Subsecretaría de Transporte ubicadas en San José 130. Tendrán tiempo hasta el lunes 7 de octubre a las 13h. El dictamen del Ejecutivo, con la decisión acerca del aumento solicitado, se conocerá el 22 de octubre.
Regreso
Las audiencias públicas para analizar los aumentos del boleto de colectivo habían sido desactivadas a comienzos de este año. En su lugar se propuso una fórmula polinómica que tomaba datos de la inflación mensual, el costo del combustible y los ajustes salariales de los choferes. De esta manera se aplicaron aumentos automáticos cada dos meses sin otra intervención.
A partir de un amparo colectivo, y la razón otorgada por el Juzgado Contencioso Administrativo, el Ejecutivo se vio obligado a frenar el aumento previsto para los primeros días de septiembre y firmar un acuerdo judicial para cumplir con el procedimiento establecido por ordenanza.
En el escrito judicial se hizo especial énfasis en que Cortés no cumplió con los requisitos de una audiencia pública previa, la convocatoria a la Comisión de Seguimiento del TUP, ni la publicación de la información detallada de la estructura de costos que habilitó los anteriores aumentos.
Según el reclamo de los amparistas, la legisladora Marcela González Abdala y el sindicalista José Luis Poggi, el Ejecutivo decidió “arbitrariamente†aplicar modificaciones en el contrato de prestación del servicio sin ratificación por ordenanza y –según la presentación- “violando derechos de raigambre constitucional de los usuarios de un servicio público esencial, como es el servicio de transporte urbano de pasajerosâ€.
