La discusión sobre el uso de celulares e internet dentro de las cárceles volvió a instalarse en la agenda legislativa de Río Negro. En los últimos días ingresaron dos proyectos de ley que, con enfoques similares, apuntan a restringir el acceso de personas privadas de la libertad a dispositivos tecnológicos y comunicaciones digitales, bajo el argumento de que desde las unidades penitenciarias se siguen organizando estafas, extorsiones, amenazas y otras maniobras delictivas.
Una de las iniciativas fue presentada por el bloque Pro Unión Republicana y propone incorporar al sistema penal provincial el concepto de “privación de libertad digital”. El planteo busca modificar el Código Procesal Penal para que la privación de libertad no sea entendida únicamente como encierro físico, sino también como una limitación concreta al uso de teléfonos celulares, internet y redes sociales cuando esas herramientas puedan ser utilizadas para cometer delitos.
El proyecto todavía no comenzó su debate en comisiones, pero abre una discusión sensible: hasta dónde debe llegar el control estatal sobre las comunicaciones de los internos y cómo garantizar, al mismo tiempo, el contacto con familiares, abogados y autoridades judiciales.
En sus fundamentos, la propuesta sostiene que muchas organizaciones criminales continúan operando desde establecimientos penitenciarios mediante celulares e internet. Allí aparecen mencionadas modalidades que se repiten en distintas provincias: estafas telefónicas, extorsiones, amenazas y coordinación de hechos delictivos desde el interior de las cárceles.
La iniciativa también refiere antecedentes registrados en Río Negro, entre ellos casos de internos acusados de liderar estafas desde prisión y secuestros recientes de celulares y chips dentro de unidades penitenciarias. La idea central es que el encierro físico, por sí solo, ya no alcanza si el detenido mantiene capacidad de contacto digital sin control.
De todos modos, el texto aclara que las comunicaciones con familiares, defensores y autoridades judiciales deberán seguir garantizadas, aunque mediante sistemas supervisados por el Servicio Penitenciario.
La propuesta se suma a otra iniciativa presentada por el legislador César Domínguez, de Primero Río Negro, que plantea prohibir expresamente el ingreso, tenencia y utilización de teléfonos móviles, tablets y acceso a internet por parte de personas privadas de la libertad en todos los establecimientos penitenciarios provinciales.
Ese proyecto propone reemplazar el uso de dispositivos personales por un esquema de comunicaciones institucionales controladas exclusivamente a través de telefonía fija. Según sus fundamentos, la flexibilización que se aplicó durante la pandemia ya no tendría sustento jurídico ni fáctico en el contexto actual.
Domínguez fue más directo en el diagnóstico al sostener que la restricción de estos dispositivos “no es un derecho vulnerado, constituye un arma que se usa para extorsionar, para estafar, para amenazar y hasta organizar secuestros”.
Para asegurar el cumplimiento de la norma, el proyecto establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá encargarse del bloqueo e inhibición de toda señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios. Además, las llamadas de los internos quedarían limitadas a horarios específicos, con una duración máxima de cinco minutos y mediadas por una operadora.
La propuesta también incorpora una medida preventiva para quienes reciben las comunicaciones: se deberá informar obligatoriamente que la llamada proviene de una institución carcelaria, identificar al interno y brindar un número gratuito para realizar denuncias ante posibles delitos.
Ambas iniciativas deberán iniciar ahora su recorrido parlamentario en comisiones. El debate promete cruzar dos planos complejos: la necesidad de impedir que las cárceles funcionen como centros de operaciones delictivas y la obligación del Estado de garantizar derechos básicos de comunicación bajo un sistema seguro y controlado.
