En una sesión extraordinaria realizada este viernes (13/2), el Concejo Municipal de Bariloche rechazó la ratificación de la ordenanza que proponía crear una comisión investigadora sobre la concesión del Cerro Catedral, lo que dejó firme el veto total dispuesto por el intendente Walter Cortés.
La iniciativa -aprobada originalmente a fines de 2025- buscaba conformar un cuerpo legislativo para analizar el cumplimiento del contrato de concesión vigente, así como los alcances del denominado Capítulo 8 del Plan Director, que habilitaría desarrollos inmobiliarios sobre tierras consideradas inalienables por la Carta Orgánica Municipal.
Durante el debate, concejales de la oposición advirtieron sobre una presunta “connivencia” entre el Departamento Ejecutivo y la empresa concesionaria CAPSA para avanzar con un esquema de negocios que incluiría la eventual disposición de tierras públicas. En ese marco, el concejal Leandro Costa Brutten sostuvo que el veto “expone la decisión de impedir cualquier instancia de control político sobre el futuro del cerro”, al tiempo que defendió la potestad del Concejo para constituir comisiones investigadoras en virtud de lo establecido por la Carta Orgánica.
En la misma línea, Julieta Wallace cuestionó la actitud institucional del intendente y vinculó el rechazo a la comisión con otros antecedentes recientes, como el dictado de resoluciones para actualizar el valor del módulo fiscal sin aprobación del cuerpo deliberativo. Además, planteó que el capítulo cuestionado del plan oficial podría habilitar la venta de tierras que el ordenamiento vigente define como inalienables.
Desde el oficialismo, en tanto, el concejal Juan Pablo Ferrari argumentó que la creación de la comisión implicaría una superposición de funciones con el Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral (EAMCEC), organismo que ya cuenta con atribuciones específicas de control sobre la concesión. Según indicó, el planteo legislativo carecía de sustento jurídico y podía generar “confusión” en la ciudadanía respecto de los ámbitos de fiscalización existentes.
Facundo Villalba, por su parte, respaldó la necesidad de una instancia investigativa ante lo que consideró un desempeño insuficiente del ente regulador, al que responsabilizó por haber avalado incrementos tarifarios sin contraprestaciones claras para residentes o prestadores turísticos. A su criterio, convalidar el veto implicaría aceptar que el Ejecutivo avance sobre atribuciones propias del Poder Legislativo.
Aunque el bloque oficialista anticipó su acompañamiento al veto, la concejal Laura Totonelli reconoció durante su intervención que el actual funcionamiento del EAMCEC presenta una impronta política que podría desvirtuar su rol técnico, al tiempo que instó a reforzar su actuación institucional para evitar la necesidad de controles adicionales.
Finalmente, la votación resultó mayoritariamente negativa a la ratificación de la ordenanza, con los votos en contra de Ferrari, Totonelli, Mary Coronado, Gerardo del Rio, Samanta Echenique y Lucas Pérez. De este modo, la norma no entró en vigencia y la comisión investigadora quedó descartada. Se registraron las ausencias de Roxana Ferreira y Tomás Hercigonja.
