El Concejo Municipal volverá a discutir este viernes, en sesión extraordinaria, uno de los capítulos políticos más sensibles del verano: el veto total dispuesto por el intendente Walter Cortés a la ordenanza que creó una Comisión Especial Investigadora para auditar la extensión de la concesión del cerro Catedral, otorgada en 2018.
La resolución, firmada el 13 de enero, rechaza en todos sus términos la Ordenanza 3557-CM-25 y devuelve el expediente al Deliberante . El jefe comunal argumenta que la norma presenta “vicios formales y sustanciales” que impiden su promulgación y cuestiona tanto su encuadre presupuestario como la superposición de funciones con el Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral (EAMCEC).
Los argumentos del veto
En los considerandos, el Ejecutivo sostiene que la ordenanza no prevé con claridad cómo se financiaría la nueva comisión, lo que -a su entender- implica la creación o afectación de una partida presupuestaria sin haber reunido la mayoría especial exigida por la Carta Orgánica.
También plantea que las funciones asignadas a la comisión -verificación, control, análisis económico y ambiental del contrato con CAPSA- ya están comprendidas dentro de las atribuciones del EAMCEC. Para el intendente, avanzar con un nuevo órgano implicaría duplicar estructuras e interferir en la autonomía del ente autárquico.
Otro de los puntos objetados es la incorporación de un representante del Tribunal de Contralor dentro de la comisión, al considerar que podría desnaturalizar las funciones propias de ese organismo.
Finalmente, el Ejecutivo cuestiona que la ordenanza no detalle aspectos operativos básicos, como el modo de designación de los integrantes, la duración de los mandatos y el régimen de responsabilidades.
El antecedente de la votación
La creación de la comisión investigadora había sido aprobada con votos divididos, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos. La iniciativa reunió una mayoría ajustada que evidenció un Concejo fragmentado, donde cada voto resultó determinante.
La ordenanza que creó la comisión investigadora fue aprobada por mayoría ajustada: recibió cinco votos a favor, con el respaldo de los concejales Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace (Nos Une Bariloche), Roxana Ferreyra (Nos Une Bariloche), Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) y Tomás Hercigonja (PUL), mientras que cuatro ediles votaron en contra — Natalia Almonacid, Laura Totonelli, Juan Pablo Ferrari (JSRN), y Samanta Echenique (JxC). En aquella oportunidad estuvieron ausentes dos referentes del oficialismo municipal: Gerardo del Río y María Coronado (PUL).
En aquella votación, la entonces concejal Natalia Almonacid formó parte del debate y mantuvo una férrea oposición a la iniciativa. Hoy su banca ya no está: fue reemplazada por el concejal Lucas Pérez, del monobloque Bariloche Suma, quien enfrentará su primera definición de alto impacto institucional.
Un viernes de cuentas finas
El reglamento establece que el Concejo puede insistir con la ordenanza y rechazar el veto si reúne la mayoría necesaria. De lo contrario, el veto quedará firme y la comisión investigadora no verá la luz.
En términos políticos, la discusión trasciende la cuestión técnica. De un lado, los concejales que promovieron la comisión sostienen que se trata de un mecanismo adicional de transparencia para revisar la concesión del principal centro turístico de la ciudad. Del otro, el Ejecutivo advierte que el control ya está institucionalmente previsto y que la nueva estructura generaría superposición y gastos no contemplados.
