En el marco de un juicio abreviado, un hombre fue declarado penalmente responsable por el hurto de pertenencias del interior de un vehículo estacionado en calle Onelli, casi Gallardo, y se dispuso su expulsión del territorio nacional.
La investigación se inició el 28 de enero de 2026, cuando se formularon cargos en su contra bajo la figura de robo. Con el avance de la causa, la acusación fue revisada: no se acreditó que hubiera violencia ni daños sobre el vehículo, por lo que el hecho fue encuadrado finalmente como hurto.
De acuerdo con la acusación, el 27 de enero el imputado tomó dos valijas, una mochila, un bolso, una billetera con tarjetas bancarias, una licencia de conducir y un documento nacional de identidad que se encontraban dentro de un rodado estacionado en la vía pública.
La maniobra fue advertida por la víctima al regresar al auto, lo que derivó en una persecución por la zona. Durante la huida, el acusado se desprendió de parte de los objetos. Fue demorado con la colaboración de transeúntes y luego puesto a disposición de la policía. La mayoría de los elementos fueron recuperados, aunque algunos efectos personales no aparecieron.
La modificación de la calificación legal se apoyó en los registros fílmicos del sistema de emergencias, testimonios y el acta policial, además de la constatación de que el vehículo no presentaba signos de forzamiento.
En la audiencia, la Defensa Pública explicó que su asistido fue detenido en flagrancia y que el principal debate giró en torno a la figura legal aplicable. Inicialmente se analizó si correspondía considerar el hecho como tentativa, pero la existencia de objetos no recuperados llevó a descartar esa posibilidad. El imputado, según se informó, comprendió el alcance del acuerdo y prestó conformidad al trámite abreviado.
Paralelamente, se verificó que el hombre no registraba antecedentes penales en el país, pero sí una situación migratoria irregular. Intervino la Dirección Nacional de Migraciones, que dispuso su expulsión y la prohibición de reingreso con carácter permanente. Personal del organismo estuvo presente en la audiencia y ejecutó la medida, con traslado a la frontera bajo custodia de Gendarmería Nacional.
El juez interviniente declaró la responsabilidad penal por el delito de hurto y le impuso una pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional, ordenando su inmediata expulsión del territorio nacional.
