En una mañana cargada de tensión política y acusaciones cruzadas, la Comisión Legislativa del Concejo Municipal debatió la nota del Tribunal de Contralor, referida a su Resolución 11/26, en la que el órgano de control exhortó al cuerpo deliberativo a dar tratamiento a la ordenanza Fiscal y Tarifaria que no logró los votos necesarios para su aprobación.
Lo que comenzó como un intercambio técnico sobre facultades y procedimientos derivó en un cruce personal entre el presidente del Tribunal, Estanislao Cazaux, y el concejal Facundo Blanco Villalba, en una escena que dejó al descubierto la fractura política que atraviesa el debate por las tasas municipales.
El cuestionamiento a la “exhortación”
El primero en encender el debate fue Leandro Costa Brutten, quien calificó de “inédito e insólito” que el Tribunal exhortara al Concejo a tratar una norma que ya había sido rechazada. A su juicio, se trató de una intromisión en las facultades del Legislativo y de una utilización del cargo para expresar deseos personales de acompañar al Ejecutivo. Por eso pidió convocar a los firmantes de la resolución para que fundamentaran técnicamente de dónde surge la facultad de “exhortar” al cuerpo.
Gerardo del Río, presidente del Concejo, intervino para precisar que el proyecto no fue rechazado por mayoría, sino que no alcanzó la mayoría especial requerida de ocho votos. Según su interpretación, una minoría integrada por Costa Brutten, Wallace, Ferreyra y Villalba impidió su aprobación y, al no sancionarse una nueva norma, el Concejo estaría incumpliendo su función de brindar herramientas de gobernabilidad al Ejecutivo.
Juan Pablo Ferrari coincidió en que el pedido del Tribunal carecía de lógica técnica, ya que un proyecto rechazado no puede volver a tratarse por seis meses, por lo que el Ejecutivo debería enviar uno nuevo. Exhortó a dejar de buscar culpables y trabajar en un nuevo texto que otorgue previsibilidad a los vecinos.
Desde una perspectiva jurídica, Samanta Echenique aclaró que un “exhorto” no constituye una orden ni un mandato, sino una solicitud de cooperación entre poderes que se reconocen en un mismo nivel jerárquico pero con distintas competencias.
Facundo Blanco Villalba, en cambio, sostuvo que existe un “conflicto de poderes total” y que el Concejo no tiene obligación de aprobar las ordenanzas del Ejecutivo. Planteó que la respuesta institucional debía ser exigir al Tribunal que se concentre en controlar los aumentos “ilegales” que están llegando a los vecinos en lugar de inmiscuirse en el ámbito legislativo.
La defensa del Tribunal
Ante la escalada del debate, los integrantes del Tribunal de Contralor se sentaron a la mesa de la comisión.
Estanislao Cazaux explicó que el exhorto es simplemente la forma en que el Tribunal se dirige a los otros poderes para sugerir el tratamiento de un tema puntual. Señaló que, con un presupuesto aprobado pero sin ordenanza tarifaria, el municipio queda sin los recursos previstos, lo que incluso afecta al propio Tribunal en la contratación de profesionales.
Damián Vila definió el exhorto como una solicitud ante una situación de “gravedad institucional”. Sostuvo que no pretenden legislar ni indicar qué norma aprobar, sino advertir que el municipio necesita contar con una herramienta fiscal que permita solventar los gastos del presupuesto. Citó la ordenanza orgánica que reglamenta la Carta Orgánica, que faculta al Tribunal a controlar los procedimientos administrativos y las disposiciones legales que rigen al municipio.
Para Vila, la técnica legislativa recomienda que el presupuesto esté atado a una herramienta de recaudación, y la ausencia de la ordenanza fiscal genera una disfunción que afecta a la comunidad y al funcionamiento del Estado.
Esteban Romero, también vocal, tuvo una intervención breve y reafirmó que el Tribunal no acudió a defender al Ejecutivo sino a explicar la resolución adoptada ante el requerimiento de una concejala.
Casaux insistió en que no se trata de invadir competencias, sino de advertir que la falta de la norma fiscal impacta directamente en la ejecución de políticas públicas y en la gobernabilidad.
“Impuestazo” o herramienta de gestión
En la réplica, Villalba reiteró que no existe gravedad institucional y acusó al Tribunal de estar pidiendo, en los hechos, un aumento de la recaudación. Costa Brutten reforzó esa línea y aseguró que a los vecinos les están llegando aumentos de entre el 300% y el 1000%, con casos concretos del 636% y del 323%, lo que calificó como “totalmente irracional”.
Según los concejales críticos, el Ejecutivo intentó utilizar la actualización del módulo fiscal de forma ilegal para incrementar la recaudación, desnaturalizando las facultades del Concejo. También cuestionaron que el aumento del módulo estuviera por encima de la inflación proyectada y que no existiera una contraprestación efectiva de servicios que justificara subas de esa magnitud. Argumentaron que muchos contribuyentes se encuentran en una situación de imposibilidad de pago y en estado de indefensión.
Del Río rechazó que se utilice el término “impuestazo” de manera liviana y defendió que el proyecto original fue trabajado durante dos meses con todos los bloques, incorporando topes y modificaciones para evitar saltos bruscos.
Samanta Echenique explicó que el módulo fiscal no es el principal factor en el aumento de las tasas y que muchos incrementos responden a regularizaciones de construcciones no declaradas o a cambios en las valuaciones fiscales dispuestas por la provincia.
Tomás Hercigonja sostuvo que el rechazo de la ordenanza obedeció a una decisión política más que económica, ya que la mayoría de los puntos habían sido consensuados y el aumento del módulo fiscal estaba por debajo de la inflación proyectada.
El cruce más picante
El momento de mayor tensión se produjo cuando Villalba cuestionó la imparcialidad del Tribunal en conflictos de poderes anteriores y recordó un fallo del Superior Tribunal de Justicia que había dado la razón al Concejo. Cazaux lo interrumpió con un comentario que desató la polémica: “Parece que militás el capital en vez de combatir el capital, me parece que se te mezcló entre libertario y kirchnerista en el subibaja que tenés en tu cabeza. Entonces me venís acá a usar a mí como un fusible político para andar haciendo politiquería”.
Villalba reaccionó reclamando orden a Del Río y defendiendo su derecho a hablar: “¿Me puede dejar hablar? Yo tengo derecho a hablar. No puede usted exigirme sobre qué tengo que hablar o sobre qué puedo hablar”. Denunció que un miembro de otro poder del Estado lo interrumpiera en pleno uso de la palabra y volvió a insistir en que lo verdaderamente grave no es la falta de la ordenanza, sino el “impuestazo” que reciben los vecinos.
Cazaux intentó cerrar el intercambio señalando que habían asistido en una presentación institucional para explicar una resolución y no para hacer política: “Vinimos acá en una presentación institucional y le estamos dando la respuesta que merece. Después, todo lo que quieras decir de política, hacelo, decilo, pero eximan de seguir en la mesa sentado porque la verdad para escuchar política acá…”.
El debate dejó al descubierto una fractura que excede lo técnico. Entre quienes advierten una “gravedad institucional” por la falta de herramienta fiscal y quienes denuncian un “tarifazo” que castiga al contribuyente, el Concejo deberá ahora decidir si avanza en una nueva ordenanza o profundiza un conflicto que ya trasciende la discusión presupuestaria.
