El Ministerio Público Fiscal de Bariloche formuló cargos este sábado contra un hombre de 66 años por el femicidio de María Angélica Zapata, ocurrido en la madrugada del viernes en el barrio Nuestras Malvinas. En la misma audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, pedido que fue avalado por el juez de Garantías, por lo que el acusado continuará detenido.
De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del viernes 30 de enero, en una vivienda ubicada en la calle Tierra del Fuego 356, lote 15, manzana 255, de esta ciudad.
Según lo expuesto durante la audiencia, el imputado habría utilizado un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros para atacar a su entonces esposa, María Angélica Zapata, causándole la muerte.
El informe de autopsia incorporado a la causa señala que la víctima presentó al menos 28 heridas punzantes y 25 cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, cuatro de ellas penetrantes, con compromiso de zonas vitales.
La fiscalía sostuvo que el ataque se produjo en un contexto de violencia de género, en el que el imputado ejercía de manera crónica y progresiva distintos tipos de violencia —principalmente psicológica y física— sobre la víctima. En ese marco, se mencionaron antecedentes de denuncias previas realizadas por la mujer en relación con situaciones de maltrato.
La calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal es la de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, conforme a los artículos 45 y 80 incisos 1° y 11° del Código Penal.
En relación con el sustento probatorio presentado en la instancia de formulación de cargos, la fiscalía enumeró el acta de procedimiento de la Unidad 28 de la Policía de Río Negro, que intervino tras los llamados de vecinos que alertaron sobre el hecho. También se incorporaron las denuncias previas realizadas por la víctima.
Asimismo, se mencionó la realización de un allanamiento nocturno en la vivienda, donde trabajó el Gabinete de Criminalística, dispuesto a partir de entrevistas realizadas a familiares de la víctima, quienes confirmaron que la mujer había regresado a esa vivienda la semana anterior.
Entre las pruebas reunidas se incluyen declaraciones de vecinos que residen en la misma manzana y frente al domicilio, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) con los familiares de la mujer fallecida, el informe preliminar de Criminalística que describe el dormitorio donde ocurrió el ataque, el secuestro de un cuchillo en ese espacio y el informe de autopsia.
Por su parte, la defensa penal pública no se opuso a la calificación legal provisoria ni a la descripción del hecho en esta etapa del proceso, y realizó observaciones sobre parte de la evidencia mencionada. El imputado, asistido por el equipo de la defensa, optó por no prestar declaración.
Durante la audiencia también se realizó el control de detención. La fiscalía informó que el hombre fue detenido a las 2:52 de la madrugada del viernes por personal del COER de la Unidad 28, tras un llamado efectuado por vecinos, y que fue hallado a pocas cuadras del lugar del hecho. La defensa no formuló objeciones al procedimiento.
En cuanto a las medidas cautelares, el fiscal jefe solicitó la prisión preventiva al considerar que no existen medidas menos gravosas adecuadas para el caso, descartando la aplicación de una pulsera electrónica o la prisión domiciliaria.
La fiscalía argumentó que existe un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación, en particular respecto de familiares de la víctima y de testigos, en virtud de los antecedentes de violencia denunciados y de la posibilidad de que el imputado influya sobre sus declaraciones. También se señaló la existencia de peligro de fuga, vinculado a la gravedad del hecho y a la pena en expectativa.
El pedido de prisión preventiva fue acompañado por referencias a las convenciones internacionales vigentes en materia de violencia contra las mujeres, solicitándose un plazo de cuatro meses para la medida.
La defensa penal pública manifestó que en una instancia posterior realizará planteos vinculados a la prisión preventiva y al estado de salud de su asistido, aunque en esta oportunidad no se opuso a la medida solicitada.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y dispuso que el plazo de investigación se extienda hasta el 31 de mayo. Asimismo, consideró acreditados el riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga, por lo que ordenó la prisión preventiva del imputado por el término de cuatro meses.
