El acuerdo que permitió levantar las medidas de fuerza municipales y normalizar los servicios esenciales en Bariloche dejó, sin embargo, una zona gris que promete convertirse en el próximo foco de debate político y sindical. El punto de tensión gira en torno a la naturaleza del pago extraordinario de 250.000 pesos acordado entre el Ejecutivo, el SOYEM y el Tribunal de Contralor.
En diálogo con el móvil de Voz Radio, el asesor municipal Martín Domínguez fue categórico al señalar que la suma convenida no es remunerativa, no impacta en la masa salarial y no modifica la discusión paritaria, que volverá a abrirse a fines de enero. Sin embargo, el acta firmada horas antes introduce una formulación distinta: allí se deja constancia de que el pago se realiza “a cuenta de futuros aumentos que se incorporarán al básico”, una definición que no pasó inadvertida para el gremio ni para los observadores del conflicto.
Una salida urgente para un escenario de riesgo
Domínguez explicó que la reunión que derivó en el acuerdo fue convocada de manera extraordinaria por el Tribunal de Contralor, aun en pleno receso institucional, ante la preocupación por el riesgo que generaba la retención de servicios en un contexto de emergencia. Según detalló, las alteraciones en los recorridos de recolección de residuos, el movimiento de maquinaria y el funcionamiento de los camiones aguateros encendieron señales de alerta compartidas por el Ejecutivo y los órganos de control.
Ese diagnóstico común aceleró la resolución. “Nos alineamos todos, entendimos que había que dar una solución rápida”, explicó el funcionario, quien confirmó que el entendimiento se alcanzó durante la tarde y habilitó el levantamiento inmediato de todas las medidas de fuerza, con la consecuente puesta a disposición del personal de planta para atender eventuales emergencias climáticas o regionales.
El pago: único, excepcional y bajo el rótulo de emergencia
Desde la óptica del Ejecutivo, el acuerdo consiste en una contribución extraordinaria, por única vez, de 250.000 pesos, que será abonada con el salario de enero, percibido en febrero, y destinada exclusivamente al personal de planta, con exclusión de la planta política. Domínguez insistió en que se trata de un mecanismo excepcional, desligado de cualquier recomposición salarial estructural.
“Esto no significa un aumento salarial ni una cuestión que modifique la situación paritaria”, remarcó, al subrayar que la negociación salarial 2026 seguirá su curso normal y que recién allí se discutirán ítems remunerativos y eventuales impactos en la masa salarial. En ese sentido, confirmó que el costo total del pago ronda los 500 millones de pesos, pero que se trata de una erogación puntual.
La letra del acta y el dilema que queda abierto
El contraste aparece al leer el acta rubricada tras la reunión. Allí, el SOYEM dejó asentado que el Ejecutivo se comprometió a abonar los 250.000 pesos “a cuenta de futuros aumentos que se incorporan al básico”, y que las partes acordaron retomar la negociación paritaria el 20 de enero en la Delegación Zonal de Trabajo.
Para el gremio, además, el pago tiene una finalidad explícita: garantizar que el personal municipal esté plenamente disponible ante la emergencia, compromiso que se acompaña con el levantamiento de las medidas de fuerza y la promesa de mantener el diálogo y la paz social.
Domínguez, por su parte, buscó diferenciar este esquema del reclamo original por un bono de fin de año, al señalar que ese planteo “quedó fuera de tiempo” y terminó reconvertido en un reconocimiento excepcional vinculado a la emergencia. “El reclamo de fin de año se fue disolviendo con el paso del tiempo, pero la situación extraordinaria volvió a poner las cosas en su lugar”, afirmó.
