La situación judicial de la familia Chávez, tras un violento intento de desalojo ocurrido la semana pasada, continúa abierta. Así lo afirmó el abogado Fernando Carrasco, en diálogo con Radio Con Vos Patagonia, donde denunció irregularidades procesales, falta de notificación a ocupantes legítimos y un accionar policial desmedido, en el marco de una causa que se tramita desde hace más de tres años.
Según explicó el letrado, el proceso fue iniciado por Dora Petroff, quien sostiene haber adquirido el inmueble en 1993. Sin embargo, Carrasco remarcó que no todos los ocupantes fueron correctamente incorporados al expediente, lo que, a su entender, invalida las actuaciones realizadas hasta el momento. En particular, señaló que María Padilla y Alex Chávez nunca fueron citados a juicio, pese a haber sido identificados como ocupantes desde 2019.
En ese sentido, cuestionó la interpretación del juez Mariano Castro, quien —según la defensa— considera que puede ordenar el desalojo de todas las personas que se encuentren en el inmueble, aun cuando no hayan sido formalmente demandadas. Para Carrasco, se trata de una “grave irregularidad” que vulnera el derecho constitucional de defensa y obliga a retrotraer la causa a una instancia inicial.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es la falta de transparencia en el expediente electrónico. El abogado afirmó que la causa se tramita “por reservado” y que, pese a estar debidamente vinculado como defensor, no puede acceder a la totalidad de las resoluciones ni a los movimientos del sistema judicial de Río Negro, lo que —sostuvo— impidió advertir con anticipación la ejecución del procedimiento.
Ese escenario derivó en el intento de desalojo registrado el jueves pasado en la calle Onelli al 1700, que Carrasco calificó como “catastrófico”. Según relató, María Padilla fue golpeada durante el operativo y Alex Chávez resultó detenido y demorado hasta horas de la tarde, mientras que la defensa no había sido notificada formalmente de la medida, pese a que las fuerzas policiales y el grupo COER ya estaban al tanto del procedimiento.
En cuanto a la situación actual, el abogado aclaró que el conflicto está lejos de resolverse. La defensa impulsó dos causas paralelas por la falta de demanda a los ocupantes no citados, además de presentar una apelación y un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones de Bariloche, solicitando que se suspenda el trámite de desalojo hasta analizar el fondo de la cuestión.
Si bien se acordó una prórroga de 30 días, con intervención del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para ofrecer una alternativa habitacional, Carrasco aclaró que la familia Chávez no reconoció ningún compromiso de entrega del inmueble, al entender que primero deben aclararse las irregularidades denunciadas. Incluso advirtió que no existe una resolución clara que determine si esos plazos son corridos o hábiles, por lo que el vencimiento podría extenderse hasta fines de enero.
Finalmente, el letrado defendió la posesión legítima que invoca la familia y rechazó cualquier acusación de maniobras dilatorias. Aseguró que todas las presentaciones se realizaron en tiempo y forma y que el eje del planteo es garantizar el derecho a la defensa en un proceso que, según sostuvo, avanzó sin notificar a todos los involucrados.
