El Concejo Municipal aprobó este jueves la creación de una comisión especial investigadora destinada a analizar el cumplimiento del contrato de concesión del cerro Catedral por parte de la empresa CAPSA. La iniciativa, impulsada por el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), fue sancionada por mayoría simple, tras un debate marcado por cuestionamientos políticos, técnicos y jurídicos.
La norma tiene como objetivo central indagar lo que su autor definió como una “desnaturalización” de la concesión, con un perjuicio sistemático para los ciudadanos de Bariloche. Entre las funciones previstas para la comisión se encuentran la verificación de reclamos por incumplimiento de servicios y presunto maltrato a residentes, personas mayores de 70 años e instructores, el análisis de la situación económica y societaria de CAPSA, el control de obligaciones ambientales —incluida la gestión de tierras contaminadas— y la actuación como órgano de control externo del Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral (EAMCEC).
Durante la sesión, Costa Brutten sostuvo que el centro de esquí perdió unos 10.000 esquiadores en el último año y denunció prácticas que, a su entender, afectan directamente a los residentes, como la eliminación de espacios de estacionamiento para personas con discapacidad. En ese marco, cuestionó con dureza a la conducción de la empresa concesionaria, a la que acusó de intentar transformar el cerro en un negocio inmobiliario de barrios cerrados, y afirmó que la comisión resulta necesaria porque el EAMCEC “no aplica sanciones” debido a decisiones políticas del Ejecutivo municipal.
Desde el bloque Primero Río Negro, el concejal Facundo Villalba acompañó la iniciativa al considerar que el esquema de control vigente “no funciona”. Señaló, en particular, los aumentos que calificó como arbitrarios en las tarifas del pase de esquí, y advirtió que el directorio del ente autárquico desoye informes técnicos que desaconsejan esos incrementos.
En la misma línea, Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) remarcó que el EAMCEC retiene el 50% del canon del cerro, unos 750 millones de pesos, pero —según afirmó— no ejerce un control efectivo sobre el contrato. Además, cuestionó la extensión de la concesión hasta 2056, aprobada durante la gestión de Gustavo Gennuso, y consideró imprescindible sumar un control legislativo externo.
La oposición más firme llegó desde el bloque Juntos Somos Río Negro. La concejal Natalia Almonacid rechazó el proyecto al advertir una “incompatibilidad normativa”, al entender que la iniciativa invade facultades exclusivas del EAMCEC establecidas por la Ordenanza 2203/11. Sostuvo que la comisión implicaría una duplicación de gastos y fragmentación del control, y calificó la propuesta como una “alocución política” sin soluciones técnicas concretas.
El debate también incluyó un planteo jurídico sobre el tipo de mayoría requerida para su aprobación. La asesoría letrada del Concejo advirtió que, al prever una eventual afectación presupuestaria, podría ser necesaria una mayoría agravada de dos tercios. No obstante, los autores del proyecto argumentaron que se trata de un gasto “en potencial”, por lo que la mayoría simple resultaba suficiente.
Finalmente, la ordenanza fue aprobada con cinco votos a favor —Tomás Hercigonja, Facundo Villalba, Roxana Ferreira, Leandro Costa Brutten y Julieta Wallace— y cuatro en contra —Natalia Almonacid, Laura Totonelli, Gerardo del Río y María Coronado—. El resultado dejó al descubierto un oficialismo dividido, con votos cruzados dentro del bloque.
