La Justicia resolvió otorgar una nueva prórroga de 30 días al desalojo de la familia Chávez, que reside en un predio ubicado sobre la calle Onelli al 1700. La decisión fue adoptada luego de los graves incidentes registrados en la mañana del operativo y del análisis de la situación social de Julia Chávez, una mujer de 80 años que habita el lugar.
El nuevo plazo fue dispuesto una vez que el predio se encontró bajo custodia de la Policía de Río Negro, y los oficiales de justicia tomaron contacto directo con el contexto en el que se desarrollaba el conflicto. Según confirmaron fuentes judiciales, la suspensión busca ganar tiempo para que distintos organismos del Estado puedan articular una respuesta habitacional que evite un desalojo inmediato sin alternativa.
La prórroga se concretó a partir de un acuerdo entre las partes, lo que permitió suspender el mandamiento de desalojo. Durante el procedimiento, personas que se encontraban dentro del predio manifestaron su voluntad de retirarse de manera voluntaria si se les otorgaba un plazo de una o dos semanas para desmontar y retirar las casillas instaladas en el lugar.
En ese marco, una funcionaria del Ejecutivo municipal se acercó al lugar y comprometió a entregar un terreno y tres viviendas de emergencia, con el objetivo de que las familias puedan abandonar el predio dentro del plazo de un mes. Con el consentimiento de la parte demandante, el acuerdo quedó formalizado sobre la base de la voluntad de desocupación y del compromiso asumido por el Municipio para garantizar una alternativa habitacional.
Detenidos con causa penal
El operativo, sin embargo, estuvo atravesado por momentos de extrema tensión. Durante el avance policial para despejar el acceso al predio, un grupo de vecinos respondió con golpes y piedras, lo que derivó en la detención de tres hombres. Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 28, ubicada a pocas cuadras del lugar, y serán liberados en las próximas horas para evitar que el conflicto escale nuevamente.
No obstante, su liberación no implica el cierre del episodio: posteriormente se les formularán cargos por resistencia a la autoridad y por lesiones graves provocadas a una agente de la Policía durante los disturbios registrados en horas de la mañana.
El conflicto por la tierra tiene una larga historia judicial y familiar, atravesada por denuncias de estafa, disputas sucesorias y una sentencia firme que ordena el desalojo, pero que en los últimos meses reabrió el debate sobre el rol del Estado frente a situaciones de alta vulnerabilidad social. La nueva prórroga judicial introduce ahora una ventana de tiempo clave para que las soluciones prometidas se traduzcan en hechos concretos.
*Foto archivo Marcelo Martínez
