Un hombre acusado por amenazas, violación de domicilio, lesiones leves y daños en un contexto de violencia de género fue enviado a prisión preventiva este jueves, luego de que la Justicia revocara las medidas cautelares que lo mantenían en libertad monitoreada con tobillera electrónica.
La decisión fue tomada tras una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal, que planteó múltiples incumplimientos del imputado a la orden de restricción vigente desde el 25 de diciembre de 2024, fecha en que ocurrieron los hechos que motivaron la causa.
Según se expuso, el acusado fue visto en reiteradas oportunidades junto a la víctima, pese a la prohibición expresa de contacto. El último episodio que detonó el pedido de prisión ocurrió en la terminal de ómnibus de General Roca, donde el imputado fue detenido por generar disturbios en la vía pública. En ese momento, su tobillera electrónica se encontraba fuera de uso: había sido dejada cargando en un local comercial cerrado, lo que impidió su monitoreo durante horas.
Además, la fiscalía señaló que el hombre se encuentra en situación de calle, lo que complica el control del dispositivo de geolocalización y representa un riesgo para la víctima.
Por su parte, la defensa pública penal intentó justificar los incumplimientos. Alegó que no hubo intención deliberada de romper la perimetral, que los encuentros con la víctima fueron “accidentales†y que el acusado reside junto a su padre en General Roca, quien se encuentra en tratamiento por adicciones. Pidió que se mantuviera la libertad bajo control electrónico y se descartara la prisión preventiva.
Durante la audiencia, el imputado hizo uso brevemente de su derecho a declarar.
Finalmente, la jueza interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva del acusado hasta que se realice el juicio oral. Consideró que las medidas vigentes habían resultado ineficaces y que la prisión preventiva es proporcional y necesaria para garantizar el normal desarrollo del proceso. La detención será cumplida en el establecimiento penal que determine el Servicio Penitenciario.
