El diputado nacional Sergio Capozzi presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por presunta instigación a la violencia institucional. La presentación fue realizada ante la Justicia Federal y acusa al dirigente sindical de haber incurrido en los delitos de instigación a cometer delitos, apología del crimen, rebelión, sedición y desacato, tal como establece el Código Penal argentino.
La denuncia surge a partir de una publicación realizada el 27 de diciembre de 2024 en la red social X, donde Aguiar expresó: “El 2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les cortemos la cabeza a ellosâ€, en referencia al Presidente de la Nación y miembros del Poder Ejecutivo. La publicación estuvo acompañada de una imagen creada con inteligencia artificial, donde personas con chalecos verdes de ATE atacaban simbólicamente a un león (portada), una representación icónica del mandatario argentino.
Capozzi calificó las declaraciones como “un llamado explícito a la violencia institucional con el objetivo de desestabilizar el orden democrático”. Además, señaló que este tipo de expresiones no pueden ser minimizadas ni quedar impunes, ya que representan una amenaza para la convivencia pacífica en el país.
En su presentación, el diputado solicitó al juez interviniente que oficie a la plataforma XCorp para obtener información sobre el titular de la cuenta @rodoaguiar, así como una copia certificada de la publicación y datos sobre su alcance en términos de visualizaciones.
“La Justicia tiene la responsabilidad de investigar a fondo este tipo de manifestaciones, que no son solo expresiones desafortunadas, sino intentos de socavar las bases de nuestro sistema democráticoâ€, afirmó Capozzi en el documento judicial.
La denuncia también hace referencia a un contexto social complejo, donde este tipo de declaraciones adquieren un peso significativo en medio de una creciente polarización política y tensiones gremiales.
Ahora, será responsabilidad del juez y del fiscal a cargo determinar si las expresiones del dirigente sindical configuran efectivamente delitos penales y si corresponde avanzar con el proceso judicial.
