La legisladora Marcela González Abdala fue una de las impulsoras del amparo colectivo en contra del reciente aumento del boleto en Bariloche, denunciando un incumplimiento sistemático de las normativas vigentes por parte del intendente Walter Cortés. En una entrevista con Radio Con Vos Patagonia, González Abdala explicó los motivos que la llevaron a recurrir a la justicia y detalló los pormenores de la audiencia celebrada el pasado vie es.
El amparo, presentado el 12 de agosto, fue admitido por el juez Iván Sosa Luckman como un amparo colectivo, al considerar que afectaba a todos los usuarios del transporte urbano de la ciudad. “Se habían incumplido ni más ni menos que unos cuantos derechos constitucionales”, afirmó la legisladora. Según explicó, la preocupación no recae únicamente en el incremento tarifario, sino en la forma en que se manejó, sin respeto a los procedimientos establecidos en las ordenanzas y en la Carta Orgánica Municipal.
González Abdala señaló que este aumento es el sexto que se ha implementado durante la gestión del intendente Cortés, lo que, en su opinión, refleja una tendencia preocupante de tomar decisiones sin apego a las normas. “Llegó el momento de ponerle un freno y de decirle que así, de esa manera no”, sentenció, subrayando la necesidad de que el Ejecutivo municipal cumpla con lo estipulado en la normativa.
Durante la audiencia, la legisladora manifestó su sorpresa por la falta de argumentos por parte del Municipio, que no envió a ningún representante. “No fue el municipio, de hecho, quien dio todos los argumentos respecto de cómo lo habían hecho fue la empresa”, reveló González Abdala, quien además criticó la falta de responsabilidad del Municipio en llevar adelante el proceso administrativo. En este contexto, enfatizó que, si bien la empresa transportista puede enfrentar alguna crisis, eso no justifica el incumplimiento de las normas por parte del gobie o local.
“Mi respuesta en el momento de la audiencia es que no hay emergencia que justifique la falta de apego a las normas y el cumplimiento o el respeto a la institucionalidad”, subrayó la legisladora. Asimismo, señaló que el problema de fondo no es solo el transporte, sino un modus operandi del actual Ejecutivo que, según ella, se caracteriza por una falta de respeto a las normas y a las instituciones.
La audiencia dejó dos compromisos clave: en primer lugar, el Municipio se comprometió a dejar sin efecto el aumento previsto para septiembre. En segundo lugar, acordó revertir todas las modificaciones unilaterales realizadas por el intendente. González Abdala recalcó la importancia de que, si el contrato actual no es del agrado del gobie o municipal, debe ser modificado y remitido al Concejo Municipal para su debate y eventual aprobación, conforme a los principios democráticos.
La legisladora explicó que tomó la decisión de interponer el amparo después de un análisis exhaustivo y tras recibir numerosas consultas de ciudadanos preocupados. “Me parece que cada persona que ocupa un rol en la ciudad tiene una responsabilidad, tiene la responsabilidad sobre todo de cuidar la institucionalidad”, afirmó. Añadió que más del 70% de las personas que participaron en una encuesta que realizó desconocían el proceso de fijación de tarifas, lo que refleja una falta de información entre la población sobre sus derechos.
González Abdala consideró que el intendente se ha convertido en “un salto al vacío” y que no podía mantenerse al margen de lo que, en su opinión, era una violación flagrante de las normas. Criticó la falta de acción tanto del Tribunal de Contralor como del Concejo Municipal, lo que la llevó a acudir a la justicia como única vía para frenar al intendente.
La legisladora también advirtió que es necesario estar atentos a posibles incumplimientos futuros y que se necesita una reflexión profunda por parte de todos los actores institucionales. “Cuando perdemos el respeto a la institucionalidad, el apego a las normas y demás, se pone en riesgo sobre todo la paz social de una comunidad”, concluyó, asegurando que continuará trabajando para proteger estos valores fundamentales.
Cómo se debería calcular la tarifa
La legisladora explicó que, según el contrato vigente, la tarifa del boleto en Bariloche debe ser revisada semestralmente, lo que permite a la empresa solicitar al Intendente un ajuste en la tarifa dos veces al año. Este proceso de revisión comienza en la Comisión de Seguimiento del Transporte, encargada de determinar la viabilidad técnica del ajuste solicitado.
Si la Comisión se pronuncia a favor, la revisión regresa al Ejecutivo, quien convoca una audiencia pública. Durante esta audiencia, se presenta toda la información proporcionada por la empresa, incluyendo el cuadro tarifario y la ecuación económica financiera, permitiendo a los usuarios expresar sus opiniones.
Posteriormente, el expediente vuelve a la Comisión, donde se analizan las observaciones de los usuarios y se emite un dictamen que es enviado al Intendente. Este último decide si aprueba o no la revisión, basándose en el análisis técnico realizado. Sin embargo, González Abdala denunció que en esta ocasión todos estos pasos fueron omitidos, lo que motivó la presentación del amparo colectivo.
*La entrevista completa:
